Trump respondió horas después, diciendo a la prensa en la Casa Blanca: “Obviamente vamos a apelar”.
La orden del presidente, una de varias emitidas en las primeras horas de su presidencia para frenar la migración, tanto authorized como ilegal, declaraba que los niños nacidos en Estados Unidos de inmigrantes indocumentados después del 19 de febrero ya no serían tratados como ciudadanos. La orden se aplicaría también a los bebés nacidos de madres que están en el país legalmente pero de forma temporal, como turistas, estudiantes universitarias o trabajadoras temporales, si el padre no es ciudadano de Estados Unidos.
En respuesta, 22 estados, junto con grupos activistas y futuras madres, presentaron seis demandas para detener la orden ejecutiva, argumentando que viola la 14.ª Enmienda. Los precedentes legales interpretan desde hace tiempo que la enmienda —que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos”— se aplica a todos los bebés nacidos en EE. UU., con algunas excepciones: los hijos de diplomáticos extranjeros acreditados; los hijos de no ciudadanos nacidos en territorio estadounidense ocupado por un ejército invasor; y, durante un tiempo, los hijos de nativos americanos nacidos en reservas indígenas.
Los tribunales nunca han reconocido la legitimidad constitucional de más limitaciones a la ciudadanía por derecho de nacimiento, y Coughenour, juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, no parecía dispuesto a romper esa pauta el jueves.
La orden Coughenour marca el comienzo de lo que casi con toda seguridad será una larga batalla entre el nuevo gobierno y los tribunales en torno a la ambiciosa agenda del segundo mandato de Trump, que pretende transformar las instituciones estadounidenses de formas que podrían interpretarse como contrarias a la ley y a los precedentes. Otras órdenes, como los intentos de despojar de protecciones laborales a los empleados federales de carrera y acelerar las deportaciones, también se enfrentan a desafíos judiciales.
Brett Shumate, abogado del gobierno federal, dijo que la orden de la gestión sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento period “absolutamente” constitucional. Argumentó en nombre del gobierno de Trump que los inmigrantes indocumentados “siguen sometidos a una potencia extranjera” y, por tanto, “no tienen lealtad a Estados Unidos”. Tampoco la tendrían sus hijos nacidos en Estados Unidos, argumentaba el gobierno en un escrito.
